De bien común a propiedad corporativa: La nueva estrategia para modificar la Ley de Semillas
By Maxi Goldschmidt
Abstract
This article reflects on the debate around the reform of Argentina’s Seed Law, and exposes the critical points of the project introduced by the Ministry of Agriculture and entities of the field. The current seed law, which date of 1973, regulates all production, certification and commercialization of seeds.
“Antes del Mundial la tenemos”, dijo un alto funcionario del Ministerio de Agroindustria, refiriéndose a la modificación a la Ley de Semillas, un viejo anhelo de diferentes sectores del campo que, esta vez sí, ven como cierta la posibilidad de su aprobación por parte del Congreso.
¿Pero qué cambió para que, aún sin haberse presentando este año ningún proyecto en la Cámara de Diputados y sabiendo que históricamente hubo mucha resistencia a la modificación de esa ley, haya tanto optimismo?
Una de las respuestas se puede encontrar en la mesa que comenzó a funcionar a fines de 2016, cuando el ministro de Agroindustria era Ricardo Buryaile. Un año después, los integrantes de esa mesa que siguió reuniéndose de manera informal le presentaron al ahora ministro Etchevehere “una propuesta consensuada para la modificación de la Ley de Semillas”.
El ministro la consideró “adaptada a la realidad productiva” y como “un importante avance en la búsqueda de la articulación público-privada”.
Pero…
La Ley
La Ley de Semillas (20.247) fue promulgada en 1973 y está amparada en el acuerdo UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) que desde su revisión de 1978 permite lo que se conoce como el derecho a los agricultores (en Argentina llamado “derecho propio”). Es decir, posibilita que los productores guarden parte de su cosecha y la vuelvan a sembrar sin tener que pagar regalías por eso. Como pasó, la mayor parte de la historia.
Este es el principal punto en cuestión. No el único.
Treinta años después de sancionada, de la mano de los cambios profundos que se vislumbraban a través de la genética, comenzaron los intentos de modificar la ley. Pero recién a partir de 2012, por presión de las multinacionales y sus acuerdos con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fueron sistemáticos los intentos por cambiar una norma que “protegía” a los productores ante el avance del mercado y la tecnología. Sin embargo, no se llegó ni cerca a plantear la modificación.
A su vez, mientras tanto, los grandes productores que en un principio estaban chochos con sus rendimientos de soja y sus ganancias, y también con la ley que le impedía a Monsanto cobrarle regalías, comenzaron a ver que en un futuro no tan lejano necesitarían de esos “eventos” que entraban a otros países y ya no en Argentina. Estos no querían perder “competitividad”, y las compañías no querían perder un mercado tan importante.
Allí, hay otra de las claves de “este nuevo consenso”.
Sin siquiera poder salir de la órbita del ministerio de Agricultura, los proyectos del Gobierno anterior para la modificación de la Ley de semillas quedaron en la nada.
Recién a fines de 2016 se logró presentar un proyecto oficial en Diputados. No fue el único: otros nueve también ingresaron, pero todos corrieron la misma suerte: apenas se movieron en las comisiones y la discusión tampoco llegó al recinto. Así fue que todos perdieron “estado parlamentario”.
La Mesa
Durante este casi año y medio de reuniones informales y lobby, hubo encuentros “oficiales”. Los últimos dos fueron en diciembre de 2017 y hace poco menos de un mes. Ambos en el ministerio de Agroindustria.
Allí estuvieron presentes Etchevehere; su jefe de Gabinete, Santiago del Solar; el secretario de Agricultura, Guillermo Bernaudo; los presidentes de CRA, Dardo Chiesa; de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina; y el vicepresidente de Coninagro, Egidio Mailland, representantes de Aapresid, Aacrea y Asociación de Semilleros (ASA), como así también las empresas: Dow, Monsanto, Syngenta, Dupont LA, Bioceres, Advanta, Basf, Nidera Semillas y Don Mario.
También estuvo la Federación Agraria Argentina (FAA), que sin embargo se había ausentado de las “reuniones informales” previas en las que no participaba el Gobierno y en las que se fue preparando el documento “consensuado”.
En 2012 la FAA se había retirado de la Mesa que discutía la posibilidad de una nueva Ley de Semillas.
“No podemos convalidar con nuestra presencia la entrega de la soberanía nacional en materia de semillas, ni la consolidación de la propiedad privada sobre la diversidad biológica y el patentamiento de la reproducción natural de los simientes”, había dicho entonces su presidente, Eduardo Buzzi.
Dos años después, la Federación Agraria presentó una denuncia por Abuso de Posición Dominante contra Monsanto.
El optimismo
“Estamos a punto de lograr un consenso para llevar a Diputados un acuerdo (para modificar la ley de semillas) que, por supuesto, nunca va a ser del 100 por ciento. Pero con un 70, 80 por ciento se puede avanzar. La idea es que el productor se vaya adaptando a la tecnología de a poco. Y si no quiere pagar por la semilla, que tenga una salida para poder usar las semillas viejas”, dice Gonzalo Villegas, director de la Sociedad Rural Argentina, coordinador del comité de Granos dentro de la SRA y uno de los que ve con mayor optimismo “cómo se está trabajando en buscar una transición para que los productores podamos tener una colectora”.
-¿A qué te referís con la “colectora”?
-Si hay una autopista, donde vos pagás peaje, que haya una colectora donde vos no pagás. Eso quiere decir que variedades viejas puedan quedar libres para que los productores las podamos sembrar indefinidamente y no pagar nada. Entonces el productor va a ser dueño de decir: “esta variedad las puedo sembrar, estas las tengo que pagar”. No es el mejor ejemplo, pero es como que uno puede tener un Toyota nuevo, o también podés seguir usando un Gol viejo y no se te cobra por eso.
Villegas cuenta con orgullo que es “quinta generación”. Se remonta a sus antepasados, que también trabajaron el campo. La diferencia que es que ellos labraban la tierra y él apuesta a los avances tecnológicos que constantemente ofrece el mercado. De ahí sus ganas por lograr la modificación de la ley de Semillas:
“En otros lugares se venía haciendo biotecnología, eventos, y el productor argentino de a poquito se fue quedando atrás porque las empresas no los traían porque lo cobraban una sola vez, y al año siguiente el productor lo multiplicaba, se lo guardaba, y no se podía cobrar porque la ley de alguna forma lo protegía. Argentina era casi el único país del mundo donde no se podían traer eventos biotecnológicos en soja y en trigo. Empezamos a trabajar el tema para no ceder un derecho así de forma tan gratuita pero es verdad que la ley no tenía en cuenta que la tecnología avanzó y hoy… no solo hoy… lo que va a venir.. Nos hubiera encantado tener los genes tolerantes a la sequía teniendo en cuenta la que azotó a la Argentina. Eso podía ser de una ayuda enorme. Y hay resistencia a otros herbicidas. Hoy el glifosato ya no controla muchos y hay que traer otros. Y lo más importante, y que es más beneficioso para el medioambiente, es todo lo que es resistente al lepidóptero, todo lo que son orugas y cortadores. En el maíz también hay otro eventos que están viniendo. Y en soja van a venir más. Y todo eso para no usar insecticidas sería muy bueno tenerlos”.
El entusiasmo de Villegas es similar al que se percibe en diferentes sectores. No en todos, pero sí se nota que “se están poniendo de acuerdo en los números, que era la gran traba entre los grandes productores y las semilleras”, aporta una fuente de Agroindustria. Públicamente, desde el ministerio dijeron que no hay nada para informar respecto a la Ley de Semillas. Sin embargo, en off, confirmaron que “están avanzadas las reuniones y que hay un principio de consenso en el documento que se presentará en el Congreso”. Esta semana, la Mesa volvería a juntarse, con la presencia de Etchevehere.
De todas maneras, con la variante de la “colectora”, la discusión del uso propio se mantiene. Aunque en otros términos. Al menos en lo que se refiere a la mesa en cuestión. Por fuera de ella, son otras las críticas. Más profundas, más de fondo.
“Reconocemos que tiene que haber uso propio gratuito, con variedades que puedas elegir y cosechar mucho tiempo. Y un uso propio oneroso, donde habría un contrato que se firma y se tiene que respetar. Estamos discutiendo la cantidad de variedades que sean de uso público. Nosotros queremos que sea la mayor cantidad posible y los semilleros no quieren que sean tantas. Y también el tema de poder saber de entrada cuánto te van a cobrar. Una opción que se maneja es que sea un costo fijo los primeros tres años y después sí que pueda ir cambiando. Otro de los temas en cuestión es si el precio se pagará en dólares o en el mismo grano. Son detalles que aún no se definieron, pero en lo más importante nos vamos poniendo de acuerdo”, apunta Villegas.
No tan optimista
“Nosotros participamos en una o dos reuniones informales, pero cuando se hizo más formal esa mesa decidimos dejar de participar, porque consideramos que el tema de semillas es de orden público, y que el Estado debe estar presente. Es una cuestión estratégica para el país. Sin semilla no hay agricultura”, dice Jorge Solmi, coordinador de la Federación Agraria Argentina (FAA). Y asegura: “Falta mucha conversación todavía, falta discusión para adentro. Noto un exceso de optimismo. En el proyecto presentado faltan cosas y sobran otras”
-¿Qué falta y qué sobra?
– Falta el rol que tiene el Estado y no incorpora el concepto de orden público. Esto no es una cuestión que se pueda resolver entre privados. La disparidad de fuerzas entre los proveedores, los obtentores de patentes o tecnología genética y los productores es tremenda. La fusión de Bayer y Monsanto lo demuestra. Van a ser tres compañías gigantes a nivel mundial frente a miles de productores dispersos. Nunca puede haber una relación de paridad si el Estado no interviene. Y lo que sobra es Ley de Patentes. La naturaleza no puede ser patentada.
Yo entiendo que vos patentes un microscopio, pero patentar un gen que está en la naturaleza, no. Ellos establecen el uso propio oneroso como regla, y el uso propio gratuito como excepción. Nuestra posición tradicional es que el uso propio gratuito sigue siendo un derecho para todos. Y en todo caso, excepcionalmente, se le quita a determinado rango de productor, que son los más grandes.
-Sin embargo se escucha mucho optimismo respecto al “consenso” y “la colectora”.
-El proyecto plantea que cada vez que se usen, las semillas pagarán regalías. Y quedarán fuera de ese régimen semillas de soja y de trigo, pero anteriores al 2011 y 2009. Lo que decimos es: “Muchachos, arrimense”. No podemos pagar por una tecnología vieja. La colectora que están ofreciendo, como alternativa a la autopista, es una colectora llena de pozos y sin luz.
Sin lugar en la Mesa
Mientras que la Federación Agraria sólo decide participar cuando lo hace el Gobierno, hay todo otro gran sector que ni siquiera está invitado a participar de las reuniones que se llevan a cabo desde hace más de un año para modificar la ley de semillas. Son los pequeños productores, las organizaciones campesinas y los pueblos originarios.
“Cualquiera de los intentos por modificar la actual ley profundiza aún más la privatización y mercantilización de las semillas. Sobre todo porque todos los intentos tienen que ver con acotar el margen que tienen los agricultores, los campesinos, los indígenas de producir otro tipo de semillas. Por lo tanto estamos en contra del recorte del uso propio. Entendemos que el uso propio es un derecho a los agricultores y no se puede recortar ni cercenar”, dice Tamara Perelmuter, doctora en Ciencias Sociales (UBA), investigadora del Instituto Gino Germani y docente de Sociología Rural, Economía e investigación sobre movimientos sociales.
“La ley de semillas tiene que ver con todas las semillas. Y las semillas que fundamentalmente quedan desprotegidas con este intento de reforma sobre todo son las semillas nativas y criollas. Por eso hay que discutir otro modelo productivo y qué leyes y políticos queremos para este otro modelo productivo”, apunta Perelmuter, quien integra la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas.
También forma parte de ese espacio, que articula un arco de organizaciones que desde hace años se opone a la modificación de la ley, Carlos Vicente.
“El proyecto es criminalizar las semillas criollas e impedir que circulen libremente y que se compartan como se ha hecho hasta ahora. También criminaliza a los campesinos, productores familiares que las guardan y que hasta pueden recibir penas de prisión por infringir la ley. Y también permite la privatización de los saberes tradicionales a través de la posibilidad de que una corporación registre como propia una semilla campesina, una semilla indígena, que viene utilizándose en las comunidades desde hace miles de años”, dice Vicente, parte de GRAIN, una organización internacional que apoya a campesinos y movimientos sociales.
Además agrega: “Las semillas tienen que reconocerse como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Crear un monopolio y permitir que haya derechos de propiedad intelectual sobre semillas es una aberración, porque los derechos de propiedad intelectual no pueden aplicarse sobre la vida, porque las semillas desde hace más de diez mil años han sido creadas, compartidas y han viajado por el mundo a través del libre intercambio”.
El futuro
Mientras que funcionarios del Ministerio de Agroindustria aseguran que la modificación a la ley de Semillas saldrá antes de mitad de año, aún ni siquiera hay un proyecto presentado en Diputados. ¿Se abrirá un debate público para escuchar las diferentes posiciones? ¿Será un tema de interés en los próximos meses? ¿O simplemente se presentará un proyecto y se votará un ley sin que la mayoría de la población advierta que lo que está en juego es nada más y nada menos que el futuro?
Source: Foro Ambiental